De nada ha servido que pescadores y conservacionistas
unidos hayan reclamado su derecho a opinar y ser informados sobre
las obras que se están haciendo en los cauces de los ríos
Duero y Tera. De nada ha servido que las riberas del Duero
estén catalogadas como lugar de interés Comunitario.
Cuando el caballo de Atila de las Confederaciones Hidrográficas
se desboca no hay quien lo pare.
Lo único que se pedía es que se siguiera el procedimiento
habitual, con su correspondiente período de información
al público y la posibilidad de plantear alegaciones, puesto
que los ríos son de todos. Para saltarse las leyes la administración
utiliza el procedimiento de urgencia cuando le da la gana. En
este caso no se justifica en absoluto la urgencia, puesto que
no hay peligro inminente de catástrofes ni de daño
a las personas.
Es posible que algunas de las obras planteadas hubieran sido aceptables, quizá con pequeñas modificaciones que aminorasen su impacto ambiental. Hubiera sido muy sensato escuchar la opinión de la Consejería de Medio Ambiente, poco sospechosa de veleidades ecologistas, que según el artículo 4º de la Ley de Pesca debería ser consultada.
Quizá cuando las riadas afectan a un casco urbano consolidado, como puede ser el de Salduero, haya que intervenir con la necesaria preocupación medioambiental. Otra cosa muy distinta es cuando se hace una construcción nueva en un cauce, como la de un reciente hotel en Navaleno. Esta ilegalidad ha sido consentida primero por la CHD y ha supuesto el posterior dragado del río con el dinero de todos.
Respecto a los desbordamientos en suelos agrícolas
nos limitaremos a decir lo que el propio Ministerio de Medio Ambiente,
del que dependen las Confederaciones Hidrográficas, escribió
en ese texto para lavar su imagen que es el Libro Blanco del Agua:
"...sólo estaría justificado un alto nivel
de protección en el caso de áreas inundables de
gran extensión y cultivos de alto valor, de modo que los
daños probables evitados fueran mayores que el coste de
las obras más la posible afección al ecosistema
fluvial... los seguros constituyen un elemento idóneo de
protección cuando el coste de la defensa supera el valor
del área protegida, y deberían ser la base de la
protección en zonas no urbanas, en particular frente a
los daños en agricultura y ganadería".
Una cosa es predicar y otra dar trigo.
El caso es que el subdelegado del Gobierno, Sr. Carlos de la Casa,
ha acudido raudo y veloz a hacerse la foto bendiciendo la destrucción
de nuestros ríos. Porque en el colmo del sarcasmo estas
obras hidráulicas son incluidas en el dinero que la administración
dedica al medio ambiente, y así se nos recordará
cuando llegue el período electoral. Entonces los 12.000
pescadores y una parte importante de los ciudadanos, los que quieren
conservar la naturaleza soriana, nos acordaremos del Sr. Carlos
de la Casa visitando la excavadora que removía las gravas
del lecho del río Tera, sin que nadie nos haya dado opción
a defender el río con argumentos. Por cierto que, como
en El Burgo de Osma, estas gravas crearán problemas al
ser arrastradas aguas abajo y quizá haya que emplear más
dinero público para solucionarlos.
Si la CHD tenía que gastarse el presupuesto antes del fin de año o dar dinero a las constructoras debería de saber que hay depuradoras cuya construcción sí que requiere verdaderamente un procedimiento de urgencia. O quizá podría hacer una oficina en Soria, o en sus chalets privados de la Cuerda del Pozo, para que no tengamos que ir a ver los proyectos a Valladolid.
Porque a veces se presenta a las Confederaciones poco menos que como entidades benéficas que nos salvan de los desastres naturales. La realidad es que las Confederaciones han sido responsables de las tragedias de Biescas o de Badajoz, por tolerar las construcciones en zona inundable. Son responsables de la intrusión salina o de la desecación de fuentes, ríos y arroyos, por ser incapaces de gestionar un uso eficiente del agua. Son responsables de la mierda que sale por nuestros grifos y que destruye los ecosistemas acuáticos por su incapacidad para controlar los vertidos a los ríos. Ya podrían dedicarse a estos temas y dejar las excavadoras lejos de los cauces.
Pero no hay que olvidar que es ya muy grande la punta del iceberg de la corrupción vinculada a las Confederaciones Hidrográficas y a las obras hidráulicas. Podemos citar a Antonio Aragón, ex-Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro en tiempos del PSOE y encarcelado por cobrar comisiones ilegales de las constructoras. Con los gobiernos del PP hay que citar a Benigno Blanco, ex-Secretario de Estado de Aguas y actual cargo en Fomento, que está acusado de favorecer a su antigua empresa en las adjudicaciones irregulares de varios pantanos del Pirineo y diversas obras en la cuenca del Júcar y el Vinalopó por valor de 35.000 millones. Y a Carlos Escartín, ex-Director General de Obras Hidráulicas, acusado penalmente de adjudicar de modo ilegal el recrecimiento del Yesa a la constructora ACS, donde ingresó poco después. En este caso están implicados Dolores Carrillo, antigua Directora General de Evaluación Ambiental y el Secretario General del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos. Y al ex-presidente de la Confederación del Ebro, Tomás Sancho, que adjudicó diversas obras a una empresa suya y de su mujer, BS Ingeniería.
Todos ellos considerados en su día como grandes benefactores de la sociedad porque destruían nuestros ríos e imponían como dogma la idea de que los problemas de los ríos se resuelven con excavadoras y hormigón, sin posibilidad de réplica ni defensa.
Para terminar recordamos que la ex-ministra Isabel Tocino, al principio de su nombramiento, planteó que era imprescindible una reforma profunda de las Confederaciones Hidrográficas, cambio que quedó en agua... de borrajas. En declaraciones recientes, la secretaria de Medio Ambiente del PSOE (que no hizo nada en este aspecto cuando pudo), Cristina Narbona ha propuesto "una transformación profunda de las Confederaciones Hidrográficas" para ir hacia esa nueva cultura del agua que es imprescindible establecer.
Pero ahí siguen las Confederaciones Hidrográficas, intocables, haciendo y deshaciendo a su antojo, con nuestro dinero y sobre nuestro patrimonio natural. Es difícil encontrar una administración que sea más corrupta, más secreta, más incompetente, más despótica y más destructiva para el medio natural.
ASDEN, 17 de octubre de 2001