Nota de prensa, 12-02-16
EL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN PARALIZA LAS OBRAS DE LA CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE DE SORIA
Ecologistas en Acción pide a la Junta de Castilla y León que desista de una vez en su empeño por resucitar un “cadáver inmobiliario” anulado por el Tribunal Constitucional
Por Auto de 8 de febrero de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha suspendido cautelarmente las obras del Proyecto Regional ”Parque Empresarial de Medio Ambiente”, con el que la Junta de Castilla y León pretendió rescatar por Decreto en 2015 los restos de la “Ciudad del Medio Ambiente” de Soria tras la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2013.
La paralización cautelar de las obras es el resultado de la petición de ASDEN-Ecologistas en Acción, en el marco del recurso judicial interpuesto contra el Proyecto Regional del nuevo ”Parque Empresarial de Medio Ambiente” y antigua “Ciudad del Medio Ambiente”.
En una resolución especialmente contundente con la actuación de la Junta de Castilla y León, la Sala justifica su decisión porque “de no paralizar los efectos del Decreto se correría el evidente riesgo de que el suelo del citado proyecto, ya urbanizado, acabara también total o parcialmente edificado, sin que previamente este Tribunal hubiera podido pronunciarse sobre la conformidad o no a derecho del citado Proyecto Regional”.
A partir de esta explicación elemental de la medida cautelar adoptada, el auto es un “chorreo” de recriminaciones al Gobierno autonómico por su ilegal forma de actuar en todo el proceso.
Así, el TSJ recuerda que “todo lo ejecutado al amparo del proyecto regional ‘Ciudad del Medio Ambiente’ es ilegal por haberse anulado y declarado inconstitucional dicho proyecto”, y que “a la vista de esta falta de cobertura legal de las obras de urbanización, de reparcelación y de edificación realizadas en referido lugar es por lo que ahora se ha aprobado el presente proyecto regional ‘Parque Empresarial del Medio Ambiente’, objeto de impugnación”.
Continúa afirmando la Sala que “la responsabilidad de que toda actuación urbanística ejecutada en la antigua Ciudad del Medio Ambiente sea ilegal es única y exclusivamente imputable a la Administración Autonómica de Castilla y León […], que aprobó una ley singular […] para aprobar el Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente que era del todo punto improcedente porque infringía el artículo 24.1 de la Constitución Española”.
“Es decir que parte del suelo comprendido en el citado proyecto regional ‘Ciudad del Medio Ambiente’, pasó de estar clasificado como suelo no urbanizable especialmente protegido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Garray de 1.993 a suelo urbanizable, para seguidamente ser urbanizado y reparcelado […], pero esa reclasificación se llevó a cabo sin que pudiera ser valorada y enjuiciada por los tribunales de lo contencioso-administrativo”.
Respecto a los supuestos perjuicios económicos alegados por la Junta de Castilla y León para combatir la petición de los ecologistas, “omite dicha Administración que todo el retraso y paralización habida hasta ahora en dichas obras se ha debido al irregular o ilegal actuar administrativo, como lo corrobora que fuera declarada inconstitucional la Ley 6/2007 y que fuera anulada la licencia urbanística otorgada para la construcción de la Cúpula de la Energía”.
El TSJ argumenta que no procede imponer fianza alguna a ASDEN-Ecologistas en Acción, porque “los fines e intereses perseguidos por la parte actora al formular dicha medida son los de preservar el medio natural” y porque además “se cerraría de forma indebida y desproporcionada el acceso a la tutela cautelar a la entidad demandante, quien con su demanda pretende buscar el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental y no intereses particulares, legalidad que antes no pudo ser enjuiciada ante los Tribunales de lo Contencioso- Administrativo por haber optado la Comunidad Autónoma de forma totalmente indebida e ilegal por la aprobación de una Ley singular para aprobar lo que fue en su momento el proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente”.
Finalmente, la Sala valora que “estamos ante un supuesto sumamente singular y de compleja resolución desde el punto de vista urbanístico, por cuanto que el proyecto regional aprobado pretende finalmente legalizar o restaurar la legalidad de un suelo cuya urbanización y reparcelación se ha llevado a efecto de ‘forma no legal’, ya que la Ley que amparaba finalmente tales actuaciones urbanísticas ha sido declarada nula e inconstitucional”.
Ecologistas en Acción considera que la paralización de las obras evita agrandar el despilfarro de los 100 millones de euros de dinero público ya invertidos en este proyecto inmobiliario megalómano, promovido por la Junta de Castilla y León en el Soto de Garray, un paraje natural protegido e inundable en la vega del río Duero próxima a la ciudad de Soria.
Por ello, los ecologistas seguirán luchando para conseguir el desmantelamiento de la urbanización ilegal y la restauración del Soto de Garray a su estado anterior, garantizando la protección de este valioso espacio natural de la provincia de Soria. Asimismo, piden a la Junta y a las Cortes de Castilla y León que reconozcan los daños causados y pasen página de este residuo de la década dorada del ladrillo y la corrupción urbanística en España.
El desarrollo industrial de la provincia de Soria no queda cercenado con la renuncia al “Parque Empresarial del Medio Ambiente”, al existir más de 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial vacante en diversas localidades sorianas, empezando por la capital.
Impulsado por la exVicepresidente de la Junta de Castilla y León y exsenadora popular María Jesús Ruiz, y por el Consejero Delegado de Somacyl y actual Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez, la Ciudad del Medio Ambiente es un caso único en España de especulación inmobiliaria en espacios naturales protegidos, caracterizado por estar financiada con dinero público.
Auto Judicial de paralización del Decreto de aprobación del PEMA