Urbanizar el río Ucero

 

De las recientes declaraciones del alcalde de El Burgo de Osma se deduce que eso que llamaba “adecuación ambiental” del río Ucero era lisa y llanamente una canalización, según le han dado a entender en sus conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente.

Así que el alcalde, fiel a la consigna de que algo hay que modificar para que nada cambie, acepta dejar el cauce tal y como está, a ver si así cuela el que le dejen urbanizar un poco más allá de la orilla, en el terreno inundable de la margen no urbanizada. Y, con esa operación de maquillaje, para la Consejería de Medio Ambiente parece que cuela, pues por algo sus técnicos con altos cargos son puestos de confianza nombrados a dedo que obedecen a la voz de su amo.

Reconoce en sus declaraciones el alcalde ya abiertamente lo que ASDEN decía y él negaba: que no se trata sólo de proteger a la Urbanización La Serna, sino que “algunas de las zonas por las que discurre el tramo de río Ucero que será recuperado no están habitadas pero sí se trata de terrenos catalogados como residenciales por lo que la intervención podría fomentar su urbanización”.

No tiene sentido catalogar como urbanizable un terreno que se inunda, y, menos aún hablar de recuperar el río Ucero cuando se trata exactamente de todo lo contrario: usurpar su territorio, el cauce, legalmente definido como “el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias”.

Si la urbanización La Serna fue una irregularidad que ahora hay que evitar con dinero público que se inunde, no contentos con esa chapuza  pretenden actualmente urbanizar la otra orilla. Se trata de poner la venda antes de que exista la herida. Degradar el entorno del río Ucero, usurpando el dominio público hidráulico, para poder construir después en zona inundable. Contra toda la legislación vigente y en un río en el que la propia Consejería está desarrollando un proyecto de restauración, pagado en parte con fondos europeos.

Pretende además el alcalde que el 60% de la obra, casi un millón de euros, se lo pague el Ministerio de Medio Ambiente “tal y como estaba apalabrado con el anterior gobierno popular”. Apalabrar quiere decir que no había nada escrito. El dinero público debe gastarse con todas las autorizaciones y controles que exige la ley y con el derecho de los ciudadanos a alegar en casos como éste. Ya sabemos que a veces los partidos políticos en el poder apalabran repartos de fondos antes de que los proyectos estén aprobados, aunque no es habitual que esto se exprese con tanta claridad.

Parece que por primera vez hay en España un Ministerio de Medio Ambiente que no está empeñado en destruirlo, y eso lo pone en el punto de mira de muchos. Quizá la Confederación entienda -y está en su derecho- que es más prioritario invertir fondos en exigir vertidos que cumplan la legislación, o en construir una depuradora en la cloaca de Garray, por ejemplo, que en satisfacer las ansias de un alcalde por urbanizar una zona inundable.

¿Y no sería mejor hacer una zona verde respetuosa con el entorno del río y sus crecidas para el disfrute de los ciudadanos y urbanizar en otro sitio?¿No ha sido suficiente con La Serna, error que reconoció el propio alcalde?

 

Soria, 22 de febrero de 2005

www.asden.org